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Entre desalojos y reformas aplazadas

Observatorio Socio Territorial Bogotá – Sabana

Asociación Red Itoco

Octubre de 2022



Fuente: Archivo


En las últimas semanas en Colombia se ha vuelto a poner en evidencia la penuria de las familias que tanto en el campo como en la ciudad carecen de tierra y techo, viéndose obligadas a la ocupación de terrenos o a someterse a las lógicas de vivir en la calle, en zonas de riesgo o en inquilinatos.


La ocupación de terrenos y los desalojos fueron noticia durante la pandemia del Covid-19, el empleo (especialmente el informal o cuenta propia) fue drásticamente golpeado en este periodo, dejando a cientos de familias sin la posibilidad si quiera de pagar un alquiler mínimo[1], esto sumado a la situación de migración venezolana y la intensificación del paramilitarismo, conllevaron a la búsqueda desesperada por un pedazo de tierra y un techo donde refugiarse. El Valle del Cauca, Antioquia y la Sabana de Bogotá, fueron los escenarios principales de estas luchas. Para julio de 2020, en Medellín se incrementó en uno y medio el promedio de invasión según la subsecretaría de Control Urbanístico[2]; en Bogotá – Sabana haciendo un rastreo por redes sociales y medios de comunicación, se identificaron 13 hechos de ocupación y desalojos[3] que evidencia el drama de por lo menos 3.500 familias (marzo a noviembre de 2020) buscando una vivienda, entre las que se encuentran familias desplazadas, mujeres cabeza de hogar y comunidades indígenas principalmente.

La inflación acumulada durante este año 2022 supera el 10% [4] y la expectativa es que siga subiendo; desde la fuerte crisis de finales de los años 90 no se había visto escalar de esta manera el índice de precios al consumidor, golpeando drásticamente el bolsillo de una ciudadanía ya arruinada por el desempleo, los recortes salariales, el destierro, y la falta de acceso a bienes básicos.



Fuente: https://elpais.com/america-colombia/2022-10-06/el-desalojo-de-1500-familias-de-una-invasion-de-tierras-genera-tension-en-cali.html


En las últimas semanas han recrudecido nuevamente los desalojos: en el Cesar en los municipios de Curumaní y Chimichagua cerca de 600 familias campesinas buscan el acceso a la tierra para poder subsistir, según el secretario de gobierno departamental, se cuentan 13 casos[5] de ocupación de tierras. También, a inicios de octubre en el oriente de Cali se presentaron hechos de desalojo forzado, en donde 1500 familias habían ocupado desde el año pasado predios públicos y privados en el corregimiento de Navarra[6]; a lo que se suma el desalojo de cerca de 300 familias asentadas en el predio Cauquita. En Soacha las declaraciones del alcalde indican continuar con intervenciones de la fuerza pública para controlar las ocupaciones especialmente en las montañas de Ciudadela Sucre. En Bogotá en el mes de agosto hubo intentos de desalojo de familias asentadas en los cerros orientales de la ciudad, quienes llevan décadas viviendo en estas zonas sin hasta ahora tener respuestas concretas de reubicación; las comunidades indígenas llaman una vez más la atención frente a la política del engaño de Claudia López quien las había sometido a refugiarse en albergues del IDIPRON en condiciones infrahumanas, luego de sacarlas del Parque Nacional.


El gobierno nacional bajo un discurso soterrado y timorato pone acento en la paz y la igualdad de los sujetos, mientras la propuesta de desmonte del ESMAD quedó disuadida en una aparente reforma; de manera que las administraciones distritales y locales siguen usando la fuerza pública como primera opción de “diálogo” con las comunidades ocupantes. A cambio de su promesa de reforma agraria, lo que ha planteado es la polémica compra de tierras a Fedegan al parecer con bonos de deuda pública, que implica finalmente una legalización del despojo, un premio a los principales invasores de tierra en el país durante décadas, que han usado los poderes regionales y grupos armados para adueñarse de amplios terrenos y tierras con vocación agrícola. Entre tanto los inmuebles que aparentemente estarían en la Sociedad de Activos Especiales- SAE-, no aparecen claramente, luego de un informe de la Contraloría se conoce que la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE- no hizo entrega real, es decir material, de los bienes inmuebles y sociedades que tenía, sino que solamente realizó una entrega documental, muchos de estos bienes no se sabe si quiera, donde están ubicados.


De manera que la reforma agraria seguirá siendo pospuesta mientras las empresas multinacionales y los terratenientes siguen legalizando su despojo y adueñándose de importantes territorios como las llanuras orientales y las selvas pacíficas y amazónicas. Lo que significa que continuará el despojo y la pobreza en las regiones, por tanto se seguirán expandiendo las ciudades entre el hambre y la miseria en el país; el Consejo de Administración de ONU-Hábitat en el año 2017, estimó que mil millones de personas viven en barrios de tugurios en todo el mundo, y podría llegar a más de 3.000 millones para 2050, (alrededor del 40% de la población mundial) [7].


La especulación en el precio del suelo urbano y el monopolio de las constructoras en las ciudades para quienes se reservan los suelos a construir, no se han tocado como problemas centrales en el acceso a la vivienda dentro de las políticas nacionales. Los subsidios a la vivienda seguirán siendo el principal mecanismo para incentivar la construcción de vivienda nueva, beneficiando principalmente a los oligopolios de la construcción; mientras miles de familias siguen viendo cómo sus escasos ingresos se esfuman en los costosos arriendos y alimentos. El giro que plantea el Ministerio de vivienda, hábitat y territorio, es centrarse en la cuestión de la provisión de agua potable y el mejoramiento barrial, y una populista propuesta de financiación a 1.000 Organizaciones Populares de Vivienda -OPV- lideradas por mujeres, que además de no tener claridad en su concreción no significan mucho de cara al problema de los mal calculados 144.000 hogares[8] sin vivienda, y terminan sometiendo a las organizaciones sociales en un peligroso clientelismo y oportunismo social por acceso a estos programas.


De manera que se están disuadiendo problemas centrales como lo son: el costo del suelo y los materiales para la construcción que encarecen altamente la producción de vivienda; y el poder económico y político de los gremios de la construcción que ponen las reglas al ministerio y los gobiernos locales. El movimiento social por su lado, carece de instrumentos programáticos de orden nacional que permitan diálogos directos y claros con el gobierno, tanto de los viviendistas como los demás sectores populares; es necesario poner en la agenda política de las organizaciones sociales el problema del acceso a los bienes colectivos como un problema estructural de la clase trabajadora, presionar por reformas que ataquen el problema del acceso al suelo y el oligopolio de la construcción, y que favorezcan la asociatividad tanto en términos jurídicos como financieros.



Fuente: Archivo






[1] Según la secretaría de seguridad, entre el 1 de abril y el 30 de junio se atendieron 3.019 casos de conflicto por arrendamientos (33 al día). Las localidades con mayor riesgos de desalojos por incumplimiento en el pago de arriendo son Santa Fe, Tunjuelito, Bosa, Los Mártires, Suba y Ciudad Bolívar. Fuente el tiempo. [2] https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/zonas-y-barrios-de-medellin-donde-hay-mas-invasiones-523392 [3] Santa Fé centro de la ciudad en marzo, venezolanos, trabajadoras sexuales e indígenas protestaron por el desalojo de sus habitaciones; Ciudad Bolívar en mayo en Altos de la Estancia, Bella Flor y Arborizadora Alta hubo desalojos, Ciudad Bolívar, 7 de mayo comunidades Embera; Soacha 25 de junio en Ciudadela Sucre; Ciudad Bolívar – Divino Niño y Acapulco en julio; Funza – La Esmeralda 25 de agosto; Ciudad Bolívar en septiembre; Soacha Sector el Barreno Comuna 4 23 de noviembre; Bosa Laureles el 12 de noviembre, Soacha Villa Juliana en noviembre, [4] https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/colombia [5] https://www.elheraldo.co/cesar/cesar-suspenden-desalojo-de-finca-en-chimichagua-944613 [6] https://elpais.com/america-colombia/2022-10-06/el-desalojo-de-1500-familias-de-una-invasion-de-tierras-genera-tension-en-cali.html [7]Castellanos, Juan Carlos. Organizaciones Populares de Vivienda: Alternativa al déficit de vivienda adecuada en Colombia. Estudio comparativo de caso Asociación para la Vivienda Integral – ASOVIVIR con MISN Ciudad Verde. Pág 18 – 19. [8] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2021

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