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¿Dónde Está?
- Observatorio Sabana
- 29 abr
- 12 Min. de lectura
Actualizado: hace 5 días
Notas sobre memoria, historia, teatro y desaparición forzada en Colombia.
Giovanny Bermúdez Mendoza
Observatorio Social y Territorial Bogotá Sabana.
1. Sobre historia y memoria.
Karl Marx escribió alguna vez: “La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos.” (K. Marx. 2021.). Así, identifica como la experiencia individual de todos los seres humanos, de las clases sociales y de las formas de acción que estos actores colectivos ponen en movimiento para realizar sus intereses políticos, se desarrollan siempre bajo la mediación de las condiciones y contradicciones materiales que el proceso histórico trasmite, pero también, sobre la potencialidad subjetiva de imprimir el sello particular al rumbo histórico.
No puede entenderse historia alguna sin sujeto, ni sujeto sin historia. Las contradicciones que sostienen las estructuras materiales de la sociedad son producto de la acción humana pasada, cargan la experiencia común de aquellos y aquellas que intentan subvertir las lógicas sociales del presente histórico y dan límites y posibilidades a la actividad de su praxis histórica colectiva.
La existencia humana es una compleja forma de vivir en la permanente lucha del presente y de sus estructuras materiales, al tiempo que con los fantasmas del pasado y el legado de sus acciones. Para eso, sirve la historia y la memoria, para poder explicarnos como seres sociales e históricos, individuales y colectivos. Sin embargo, como nos lo recuerda Josep Fontana, el “pasado es un campo de batalla del presente, pues la forma en que recordamos está en constante disputa y obliga a inmiscuirse en procesos políticos por derrumbar los relatos históricos que el poder construye”. (J. Fontana.2000).
La historia no es un lujo, ni la memoria una patente fatalista del trauma personal, sino derechos y luchas de los oprimidos del proceso histórico por emancipar su consciencia del pasado y dar sentido material a su praxis histórica, por más fatalidad y opresión que los acontecimientos del pasado carguen a la cuenta de los que vivimos el presente.
2. Teatro y memoria.
El pasado 19 y 20 de abril de 2025 en el Parque Nacional, en Bogotá, en horas de la tarde el histórico Grupo teatral Luz de Luna, un proceso cultural y teatral de amplia trayectoria en los circuitos nacionales del teatro popular y comunitario, presentó su obra teatral ¿Dónde Está?.
La gala conto con su recarga histórica, pues después de algunos años de ausencia parte de los actores y actrices fundadores del colectivo teatral se reunían junto a las nuevas generaciones de artistas para presentar al público una de sus obras teatrales más significativas, desde la cual en distintos escenarios comunitarios de los barrios populares de Bogotá y del país, denunciaron la mordacidad de uno de los crímenes más atroces de las élites retardatarias y extremistas que administran el Estado colombiano: la desaparición forzada.
El argumento central de la obra teatral rechaza las estrategias de exterminio político a las cuales el Estado colombiano sometió a los opositores y activistas políticos de izquierda en el país. Al igual, pone en evidencia los efectos traumáticos en la matriz emocional y afectiva de los familiares y allegados de quienes fueron objeto de este tipo de crímenes de naturaleza estatal y extra estatal. Y motiva la construcción de consciencia crítica respecto de las condiciones materiales sobre los cuales dichos crímenes de lesa humanidad tuvieron lugar, también, sobre la manera en que impactaron nuestra psicología social como nación.[1]
La obra trata la historia de Leonardo Gómez Cortés, un joven estudiante del colegio Bravo Páez de Bogotá, quién según los testimonios de sus familiares fue capturado y posteriormente encontrado muerto con signos de tortura el 14 de noviembre de 1983[2]. Este crimen de Estado, según el archivo documental de la Comisión de la Verdad,[3] esta vinculado con el Caso Colectivo 82” el cual obedece al secuestro y desaparición de 8 estudiantes universitarios y otras 6 militantes de organizaciones sociales en 1982 en Bogotá. D.C. y del cual se ha culpado a miembros de la policía, el ejército y agencias de seguridad del Estado colombiano como el F2. Sobre estos hechos se potenció la conformación de varias organizaciones de víctimas del terrorismo de Estado, como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADES), a través de las cuales se desencadenó la importante lucha de los familiares de las víctimas de desaparición forzada y crímenes de Estado en el país.
En varios archivos de las organizaciones sociales y de DDHH que desde los decenios 70 y 80 del pasado siglo iniciaron la lucha por la justicia de los detenidos y desaparecidos, se registran el historial de acciones de movilización que permitieron poner en evidencia el terrorismo de Estado y los hechos de desaparición forzada derivados de esta práctica constante de violencia política. En estas, sobre salen: Las marcha de los claveles blancos, la toma de espacios públicos con retablos fotográficos de los militantes y activistas secuestrados, torturados y desaparecidos, los litigios en instancias internacionales y las expresiones del activismo artístico y popular.
Así mismo, en varios periódicos se ubica el registro de los avisos de búsqueda y solicitud de información sobre los posibles paraderos de quienes nunca volvieron. Este conjunto de acciones y esfuerzos de familias, organizaciones sociales y culturales se llevo acabo en tiempos donde el crimen de la desaparición forzada era negado en el país y a las organizaciones que abanderaron su denuncia las sometían al estigma y la persecución. Solo después de bregas y luchas adentro y fuera del país fue posible la tipificación jurídica de este tipo de delito de lesa humanidad hasta el año 2000 y de ahí inicio la pujan por los sistemas y políticas de reparación, verdad, justicia y no repetición.
Pero volviendo atrás, los distintos momentos de la obra teatral ¿Dónde Está? dibujan el círculo de dolor y de causalidad política de la desaparición forzada. Así, del libre albedrío de los jóvenes activistas pasa al hecho fatídico del secuestro estatal, la tortura y el exterminio. Vivifica la angustia y la añoranza materna y el sentimiento de desolación que deja en los seres humanos la perdida de una gran amistad. Retrata la prepotencia de la autoridad estatal, la indiferencia y el cinismo de los verdugos que la personifican. Y al final reivindica el derecho de los oprimidos a la justicia, la memoria y la historia, situando al frente del debate publico la tragedia silenciada de los desaparecidos.
Este círculo dramático nos recuerda como la experiencia de las generaciones muertas, somete al látigo la conciencia histórica y el cerebro de los vivos, lo que él apreciado Karl Marx nos indicaba al inicio de la presente nota; al tiempo, pone en movimiento la premisa de la historia y la memoria como un campo de batalla (J. Fontana. 2000). Pues aunque la experiencia subjetiva aparece aquí atravesada por los avatares de la violencia política, los cuales se encarnan en los aspectos trágicos de la vivencia colectiva, el desenlace explicativo nos remite a los factores estructurales que han determinado las condiciones históricas de la lucha de clases en Colombia y las batallas por la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas.
3. Desaparición Forzada, crímenes de Estado y la necesidad de la lucha por la memoria y la historia.
La tragedia social de la desaparición forzada, es parte del repertorio de conductas criminales asumidas por el bloque de poder colombiano como base de su permanente ejercicio de violencia contra los sectores populares. A los que asimilan como amenazas internas y subversivas.
La fabricación chovinista de distintas formas de enemigo interno, les ha servido para legitimar la utilización de los aparatos represivos del Estado contra importantes segmentos de la sociedad y para justificar la Doctrina de Seguridad Nacional. Un dogma de conservación de intereses de clase, en constante evolución y recreación acorde al proceso de reproducción histórica de las condiciones de poder y hegemonía de las élites en Colombia.
Desde finales de los años de 1970 proliferó la “desaparición forzada” dentro de las conductas criminales en la que incurrieron de forma abierta y subterránea los agentes de seguridad del Estado colombiano. El régimen penal de excepción derivado del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala, formalizado a través del Decreto 1923 de 1978, dio marco de legalidad a la actuación criminal de las fuerzas de seguridad estatal y a la ocurrencia de las capturas ilegales, la tortura y el exterminó político; también, para el caso fue importante el papel que cumplió el accionar de la Alianza Americana Anticomunista en el país (la Triple A).
La Triple A fue una organización de tipo continental y paramilitar que operó de forma articulada a las fuerzas de inteligencia del Estado colombiano y desde donde se llevaron acabo procesos de perfilamiento, tortura y desaparición de un amplio conjunto de colombianos, que por su participación en organizaciones y movimientos de izquierda eran catalogados como amenazas internas y recibían tratamiento de objetivo militar.
Según informes desclasificados de la seguridad norteamericana, testimonios de ex agentes de inteligencia y archivos de la Justicia Especial para la Paz (JEP),[4] en Colombia, desde las décadas de 1970 y 1980, operaron organizaciones paramilitares ligadas al Batallón de inteligencia y contra inteligencia Ricardo Charry Solano (Binci) y a la Brigada 20, a través de los cuales las facciones de ultraderecha del Ejército de Colombia, desarrollaron diferentes crímenes y acciones de guerra sucia en contra de civiles colombianos. En los cuales aparece reseñada la (Triple A) en el país. Toda una historia negra en la cual posteriormente valdrá la pena detenernos.
Durante el periodo 1980-2000 transcurrió el proceso de implantación y desarrollo del paramilitarismo en Colombia, en el que la desaparición forzada se extendió como práctica fratricida al lado de un amplio repertorio de dispositivos y estrategias criminales de guerra y violencia anti popular. Entre estas, sobresalieron las masacres y el destierro violento de miles y millones de colombianos. Y con la política de Estado de la Seguridad Democrática (2002-2025) se institucionalizaron y naturalizaron viejas y nuevas formas de terrorismo de Estado y violencia paramilitar, sobre la base de la seguridad multidimensional y humana.
Sobre esto, ubican el Registro Único de Víctimas (RUV)[5], el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)[6] y la Comisión de la Verdad[7] que desde 1985 al 2025 se desplazaron violentamente en el país 8.833.374 compatriotas.
En cuanto al crimen de desaparición forzada, según (CNMH)[8] desde 1970 al 2015 se registraron un total de 63.300 casos de desaparición forzada en el país, de los cuales el 46,1% fueron cometidos por los grupos paramilitares, el 19,9 % por los grupos insurgentes, un 8,8 % por actores “posdemovilizados” y otro 8% por parte del Estado colombiano. El 18,2% restante en esta fuente a la fecha de consulta no reseñaba autoría.
Asimismo, en los datos del (RUV) al 31 de marzo del 2025, aparecen registrados 13.374.951 eventos de victimización dentro del marco del conflicto interno; también, 9.912.173 víctimas del conflicto y de estos 7.728.875 aparecen como sujetos de atención formalmente reconocidos.[9]
Siguiendo está base estadística se advierte que después del desplazamiento forzado y el homicidio, la desaparición forzada es el evento víctimizante de mayor proporción con 215.733 registros, de los cuales 143.986 aparecen como sujetos de atención dentro de un conjunto de 201.270 víctimas registradas.[10]
A la vez, en el (RUV) se distinguen 53.012 víctimas directas y 148.258 víctimas indirectas del delito de desaparición forzada.
En el universo de personas dadas por desaparecidas, establecido como parte estructurante del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) que ha puesto en marcha la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), luego de su constitución a partir de la firma del acuerdo de paz del 2016, se ubican 124.734[11] personas registradas como desaparecidas a abril de 2025.
En los balances de gestión de esta entidad se reportan del 2018 al 2024 un total de recursos económicos invertidos de 632. 618 mil millones con los cuales se ha logrado el acumulado de 2.490 cuerpos recuperados, 211 identificados, 418 cuerpos entregados y 191 personas encontradas con vida, entre las que sobresale un amplio porcentaje que expuso causas afectivas como base de su desaparición
(160).[12]
En paralelo, pese al presupuesto designado a la Unidad para las Víctimas (UV) y al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) durante el periodo 2011-2025, cercano a los 50 billones de pesos. De 9.681.288[13]de víctimas registradas a mayo de 2024 solo un 15% habían sido reparadas económicamente en 13 años de implementación de esta política pública. Una cifra de 1.460.771 víctimas, de las cuales el 4,58% fueron objeto de desaparición forzada, un total de 68.953.
A ese ritmo de los programas de reparación a víctimas del conflicto político, tendrían que pasar 74 años, para lograr la reparación económica del total de las víctimas que actualmente aparecen en el (RUV).
Pero lo relevante de las cifras con las ambigüedades y el fetichismo para al cual pueden prestarse, en tanto a la interpretación de los efectos del largo conflicto político del país sobre la "sociedad", es que por lo menos un 20 % de colombianos y colombianas conforman el segmento poblacional llamado "víctima" y que de está proporción más del 60% ha sido gracias a la acción para estatal y ultra conservadora del bloque de poder colombiano.
La situación de la desaparición forzada en Colombia, es de las más graves y de mayor duración temporal con respecto a los países de Latinoamérica. Solo equiparable a las cifras que registra México, aunque para este país, la situación es más compleja, si se tiene en cuenta el rango temporal de medición (2006-2024).
Aún así, para el caso colombiano los registros de víctimas de desaparición forzada se multiplican por 4 respecto al número de víctimas registradas durante la dictadura militar en Argentina (1973-1986) y por 40 con respecto a los registros de la dictadura en Chile (1973-1990).
Para la (UBPD), aparte de la preocupación por el déficit acumulado para inversión medido en $24.176 millones y el de funcionamiento $2.720 millones al 2025, situación de rezago presupuestal que impide el despliegue de sus funciones y marca su tendencia hacia el marchitamiento financiero, la debilidad central se traduce en la poca capacidad de agencia interinstitucional que el Plan Nacional de Búsqueda ha logrado consolidar.
Esta situación, confirma la incapacidad del Estado para dar con el cumplimiento integral de sus obligaciones de justicia y reparación integral al grueso de víctimas objeto de desaparición forzada y del conflicto en general. Y deja ver el papel fundamental de las organizaciones sociales de víctimas y del movimiento social, fuerzas sociales y populares que ha asumido las banderas de la justicia y la verdad de las víctimas de los crímenes de Estado y de las cuales ha dependido de que atrocidades como estás no quede en la sombra de la memoria histórica y en la impunidad.
Mucho de esto aprendimos con la acción de las organizaciones sociales de víctimas y con los gestores del arte y el teatro comunitario y popular, en las calles y los barrios, pese a ello, sigue siendo considerable el déficit de justicia y de verdad, tarea siempre pendiente recargada en la espalda del movimiento popular y marcada por la pasividad estatal y la reproducción de nuevas formas de exterminio social, violencia política y reaccionaria como en el caso del de los falsos positivos - ejecuciones paramilitares- y el asesinato de los y las líderes sociales. En definitiva "las cuchas tienen razón."
Así, como bien lo plantea Josep Fontana la historia debe contar con la voz de los excluidos y su movimiento debe indicarnos que: “La historia ha sido, demasiadas veces, el relato de los triunfadores. (…) Frente a esto necesitamos una historia que nos haga conscientes de que el mundo no tenía que ser como es y de que podría cambiarse.” (2017).
Bibliografía Referenciada.
Fontana Josep: La historia de los hombres. Editorial Crítica. 2000.
Fontana Josep: Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945. Editorial Pasado y Presente.2011.
Díaz Lina María & Peláez Acevedo Tatiana: Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo 1. Informe de Centro Nacional de Memoria Histórica. 2014.
Fontana Josep: El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914. Editorial Crítica. 2017.
Marx Karl: El dieciocho brumario de Louis Napoleón Bonaparte. Editorial Siglo XXI. 2021.
Notas.
[1] Para leer la sinopsis de la obra visitad: https://www.teatroluzdeluna.com/qui%C3%A9nessomos/inventario/d%C3%B3nde-est%C3%A1/
[2] Al respecto comenta Margarita Isaza Velázquez en su reportaje Familiares : protagonistas de una solitaria búsqueda de injusticia. https://consejoderedaccion.org/webs/Pistas-Desaparecidos/familiares.html
[3] Al respecto consultar en los archivos de la Comisión de la Verdad: Caso colectivo 82. En:
[4] Al respecto también la JEP reporta la existencia de archivos que remite al vínculo del Batallón de Inteligencia Militar con formas de guerra sucia y operaciones extrajudiciales. Para ampliar la información ver:https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-recibe-informe-sobre-uso-de-inteligencia-militar-contra-oposici%C3%B3n-pol%C3%ADtica-y-social-.aspx#:~:text=Este%20viernes%2C%20la%20Sala%20de,de%20integrantes%20del%20Batall%C3%B3n%20de
[5] Si bien, lograr un óptimo análisis de las estadísticas del tema se torna difícil debido a la existencia de diferentes fuentes e instituciones que referencian el tema, para consultar estos datos puede ubicarse la base de datos que registra en la siguiente dirección: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos
[6] Las cifras actualizadas al 2018 ubicaron 80 000 víctimas de este flagelo según el documento: Balance 1. Desaparición Forzada Balance de la contribución de la CNMH al proceso de esclarecimiento histórico. Consultar en:
[8] Al respecto ver: Una nación desplazada. Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia. En:https://www.cervantesvirtual.com/obra/una-nacion-desplazada-informe-nacional-del-desplazamiento-forzado-en-colombia-882594/
[9] Para realizar un análisis directo y ampliar el balance de las cifras puede realizarse consulta en:
[10] Para esta y la revisión de otras cifras utilizadas en el presente artículo ver:
https://www.unidadvictimas.gov.co/gobierno-del-cambio-ha-hecho-avances-historicos-enindemnizacion-administrativa-para-las-victimas/
[11] Ver el registro y el Plan Nacional de Búsqueda en: https://unidadbusqueda.gov.co/listadopersonas-desaparecidas/?page=125/#table-control
[12] Para corroborar datos ir a: https://unidadbusqueda.gov.co/rendicion-cuentas/
[13] Este total de víctimas pese a que registra la cifra de 9. 681.288 se toma para el mayo de 2024 fecha del registro del documento analizado y permite realizar una imagen de la tasa promedio de reparación de las víctimas en Colombia. Ver en: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-de-gestion-2024/
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