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PRESENTACIÓN
Colombia se caracteriza por ser uno de los países con la más alta concentración de tierra, llegando a un Coeficiente de Gini que dependiendo el eje de análisis, está por encima de 0.8; según un análisis de economistas de la Universidad Nacional, para las UPA (Unidades de Producción Agropecuaria) el índice Gini se calcula en 0,902 con datos del Censo Rural del Dane 2015,
Este sería el grado de concentración de la propiedad de la tierra con uso agropecuario en Colombia en UPA reconocidas como privadas en territorios no colectivos: ¡la propiedad de la tierra en Colombia está muy próxima a la concentración absoluta (Suescún & Fuerte Posada, 2017).
De manera que, la alta concentración de la tierra, la destinación en demasía de tierra con alto valor agrícola para ganadería, y los monocultivos especialmente con destinación al narcotráfico y biocombustibles, no permiten una producción agrícola suficiente y variada para el abastecimiento del país. En el nuevo siglo, la política agraria se ha dirigido a consolidar un “modelo agroindustrial de vocación agroexportadora” (Suescún & Fuerte Posada, 2017), condenada a mantener el padecimiento de la “enfermedad holandesa”, bajo el poder gansteril que resulta del contubernio entre sectores del gobierno, terratenientes y paramilitares durante décadas, las cuales se expresan en la actual coyuntura política del país en donde se enfrentan ganaderos – terratenientes a la lucha de las comunidades campesinas por el acceso a la tierra.
La Política de Desarrollo Rural Integrado que ha propuesto el actual gobierno busca la implementación del catastro multipropósito y tránsito hacia el SAT (Sistema de Administración del Territorio) como forma de incentivar la producción agraria, establece los PIDAR (Proyectos integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural) y Distritos de Riego Multipropósito (Art. 36 y 37 Plan Nacional de Desarrollo) para lo que se establece crear el Fondo “Colombia potencia mundial de vida”.
El Plan de Desarrollo y la política agraria establecen mecanismos incipientes de acceso a crédito mediante ajustes del Banco Agrario; y de manera poco clara programas de asistencia técnica, y de fomento a la ciencia y tecnología para el desarrollo agropecuario del país, siendo un componente fundamental para lograr productividad como un renglón que incentive la capacidad productiva en el país, en un mundo en el que existen sistemas de investigación, monitoreo y automatización para la producción agropecuaria.
Por otra parte, las Alianzas Público Populares pueden contribuir en el impulso de la asociación comunitaria y de trabajadores, estimulando su economía y en pro de acceder a bienes comunes que garanticen necesidades básicas. Sin embargo, las más progresistas reformas agrarias no han dejado de centrar su acción en el productor agrario individual, aun cuando el impulso a la producción agraria necesita el fomento o desarrollo de cooperativas de trabajadores rurales que permitan el acceso a medios de producción y distribución e incluso generen cadenas de valor y sistemas agroalimentarios.
Recientemente se planteó en la Sabana de Bogotá mediante resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la reglamentación de una Zona de Protección para la Producción de Alimentos en la provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca. Esta zona se establece tras un estudio en donde se identifica un área de 50.872,79 ha que corresponden 49,5 % de la Provincia Sabana Centro y al 2,1 % del territorio departamental (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2023, pág. 66). Resolución que se viene socializando con intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la participación de diferentes sectores de la denominada sociedad civil.
No es una discusión menor, toda vez que en la Sabana de Bogotá y la Sabana Centro en especial, se concentran fuertes gremios económicos de la construcción, procesamiento de alimentos, la Cámara de Comercio de Bogotá, ProBogotá Región, entre otros. Todos ellos interesados en la expansión urbana y el control de los principales reglones de la economía; pero también se encuentra la movilización contra la minería y por la conservación ambiental del territorio desde organizaciones sociales y campesinas.
La renta de la tierra permite explicar por qué se dan estos conflictos, y es que la tierra no cobra valor principalmente por su potencial (valor de uso) sino por el precio que puede llegar a tener bajo la tenencia privada y ciertas condiciones. Para el caso de la sabana tiene que ver fundamentalmente con la expansión urbana y lo que ello significa en cuanto a proyectos de vivienda, logística empresarial, servicios y redes de transporte.
Son entonces estos, los elementos que en este boletín se abordarán para analizar las actuales problemáticas y condiciones en las que se entrecruzan el panorama de la producción de alimentos a nivel mundial y nacional, la situación y las políticas alimentarias y su desarrollo en la región central del país.
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